17 Nov Aprobación de la Directiva de información Corporativa sobre Sostenibilidad
Por fin podemos afirmar que el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado por amplia mayoría (525 votos a favor, 60 en contra y 28 abstenciones) el texto de la propuesta de Directiva sobre información en materia de sostenibilidad, y se espera que el Consejo adopte la propuesta el próximo 28 de noviembre, tras lo que se firmará y publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, entrando en vigor veinte días después y las reglas comenzarán a aplicarse entre 2024 y 2028.
El objetivo de la Directiva es equiparar con el tiempo la información sobre sostenibilidad con la información financiera, por ello la nueva legislación trata de cubrir lagunas en la normativa vigente sobre información no financiera, considerada insuficiente y poco fiable. Para ello, introduce obligaciones más detalladas sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente, los derechos humanos y el ámbito social, basados en criterios comunes en línea con los objetivos de la UE sobre clima. La Comisión aprobará los primeros estándares en junio de 2023.
Para asegurarse de que las empresas ofrecen información fiable, estarán sujetas a auditorías independientes y procesos de certificación. La información financiera y de sostenibilidad se colocan en pie de igualdad y los inversores contarán con datos comparables y fiables. El acceso digital a la información sobre sostenibilidad también queda garantizado.
Próximos pasos a nivel europeo:
- el 1 de enero de 2024 para grandes empresas de interés público (más de 500 empleados) ya sujetas a la directiva sobre información no financiera, que deberán entregar sus informes en 2025.
- el 1 de enero de 2025 para las grandes compañías no sujetas a la directiva sobre información no financiera (más de 250 empleados y/o una facturación de 40 millones de euros y/o 20 millones en activos totales), que deberán entregar sus informes en 2026.
- el 1 de enero de 2026 para las pymes cotizadas y otras empresas, que deberán entregar sus informes en 2027. Las pymes podrán retrasarlo hasta 2028.
Todo ello se enmarca en el compromiso de la UE con el respeto de los derechos humanos y la reducción de su impacto sobre el planeta.